Home / Nacional / SQM-CORFO: las jugadas maestras que consolidaron el poder de Ponce Lerou

SQM-CORFO: las jugadas maestras que consolidaron el poder de Ponce Lerou

Casi cuatro años duró la batalla de CORFO con la minera que financió ilegalmente la política. CORFO exigió el término anticipado del contrato para despojar a SQM de los enormes beneficios otorgados en 1993 para explotar la principal reserva de litio del mundo, y que le reportó en 2017 ingresos por US$644 millones. No fue así. El acuerdo final le permite a SQM triplicar su producción y al Fisco aumentar su recaudación. El capítulo devela el abandono del Estado de un recurso estratégico y presiones en defensa de intereses privados. El abogado José M. Eyzaguirre jugó un rol clave en favor de la minera.

El término anticipado del contrato, la disolución de SQM Salar, la restitución de todos los bienes aportados por el Estado, además de la devolución de las pertenencias mineras y los derechos de agua que la compañía inscribió a su nombre para la explotación del litio en el Salar de Atacama, fue el misil que le disparó la CORFO a SQM el 17 de agosto de 2016.

La demanda la presentó la CORFO ante la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en medio del escándalo que provocó el descubrimiento del millonario financiamiento político ilegal que protagonizó la compañía controlada por Julio Ponce Lerou. Poco después, la minera debió reconocer ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber desembolsado US$14,7 millones en “pagos indebidos” a personalidades de casi todo el espectro político.

Con ello, y durante años, compró favores y consiguió leyes a su medida, como la Ley de Royalty o la Ley de Medioambiente.

En rigor, esa fue la segunda demanda que presentó la CORFO en contra de SQM durante la gestión de su timonel Eduardo Bitrán (2014-2018). La segunda, y la más dura, tuvo como fundamento la detección de cuatro nuevos incumplimientos por parte de SQM Salar de los contratos que le permiten la explotación del mayor depósito de litio en salmuera del mundo, propiedad del Estado. Entre ellas: apropiación irregular de derechos de agua, servidumbres mineras, y el financiamiento ilegal de la política.

“El hecho de que recursos provenientes de la explotación del Salar de Atacama hayan tenido como destino el financiamiento ilegal de la política, es causal suficiente para solicitar la terminación anticipada del contrato”, se lee en la última demanda.

Transcurridos casi cuatro años de iniciada la batalla legal en la que CORFO explicitó que su objetivo era la rescisión del contrato que SQM Salar mantenía con el Estado, el 17 de enero pasado las partes firmaron un acuerdo de conciliación que puso fin a la disputa.

La revisión de ese acuerdo indica que, si bien CORFO logró mejorar la renta y condiciones en los contratos que regulan ese millonario negocio de litio, no obtuvo los puntos clave que se propuso en su inicio. Pese a la contundencia de las pruebas en su contra, SQM Salar se mantuvo como titular de la concesión en el Salar de Atacama y consiguió luz verde para explotar y comercializar 350 mil toneladas adicionales de litio metálico hasta 2030.

Con esa cláusula, la empresa que financió por años ilegalmente a políticos desde la UDI al PS –incluyendo la precampaña de la ex Presidenta Michelle Bachelet–, logró mantenerse como socio estratégico del Estado por los próximos 12 años.

La conciliación también acordó que SQM pagara a CORFO US$20 millones. Pero la minera logró dejar consignado en el escrito que en ningún caso ese pago implicaba un reconocimiento por parte de SQM de “habérsele adeudado a CORFO suma alguna con ocasión de la ejecución pasada de los contratos”. Y ello, a pesar de que esa fue la razón que detonó en 2014 la disputa judicial, después de que la entidad estatal investigara y concluyera que SQM había subvalorado el monto que debía pagarle por la concesión minera.

El perjuicio patrimonial para el Estado, según cálculos de la propia CORFO, ascendía a US$17 millones. Además del fin anticipado del contrato de arriendo y la restitución de esos dineros, la estatal había exigido una indemnización adicional de US$18 millones.

En medio del escándalo que suscitó la revelación de La Tercera sobre el fichaje de Julio Ponce Lerou y de su hermano Eugenio como asesores estratégicos de la compañía, Bitrán acusó haber recibido presiones de “distinguidos políticos” de la Nueva Mayoría para arreglar condiciones favorables para SQM durante el arbitraje.

Hasta ahora, el ex vicepresidente ejecutivo de CORFO no ha dado nombres ni entregado detalles. De ser ciertas, ¿cuánto influyeron esas presiones en la negociación entre CORFO y SQM?, ¿fue Bitrán la única autoridad del gobierno de Bachelet que las recibió?

Comparados con los acuerdos de 1993, que le entregaron generosas prebendas a la minera (ver reportaje de CIPER), estos contratos son ostensiblemente mejores para el Estado. En eso coinciden varios expertos, quienes destacan que estos permiten que el Fisco recaude mayores ingresos. Y también, que el acuerdo haya corregido antiguas amarres en favor de SQM que ahora le permitirán a CORFO libertad de acción para decidir sobre el destino de esa explotación en 2030.

En 2017, solo por comercialización de litio, Soquimich obtuvo ingresos por más de US$644 millones ($406 mil millones) –US$130 millones más que el año anterior– equivalentes al 60% del margen bruto de la compañía. Según cálculos de la propia minera, durante los próximos cinco años la demanda mundial de litio, impulsada principalmente por la electromovilidad, crecerá al menos a un ritmo de 18% anual.

PRIMER ROUND

En enero de 2013, bajo el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, CORFO le solicitó a SQM una rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los contratos que le permitían explotar 28.054 pertenencias fiscales en el Salar de Atacama. Las condiciones quedaron consignadas en 1993 en dos contratos (modificados en 1995): el de Arrendamiento (ver aquí) y el de Proyecto (ver aquí). El primero, fijó las condiciones de la concesión y el segundo, registró los parámetros para la explotación y comercialización del litio extraído.

Al interior de CORFO existían sospechas de que SQM, en un entramado de maniobras con empresas relacionadas, había subvalorado las rentas que debía pagar trimestralmente al Fisco por el arriendo y explotación del salar. El monto de esos pagos debía ser calculado en base a las ventas de SQM Salar. Lo más insólito fue que en los contratos se estipulaba que era la propia minera la que debía realizar esos cálculos para el pago.

Las sospechas se confirmaron en mayo de 2013. Una auditoría interna ordenada por CORFO arrojó que solo entre enero 2012 y marzo de 2013, SQM había dejado de pagar $2.600 millones.

Era solo el extremo de un hilo cuyo inicio se desconocía. Así lo reconoció el entonces vicepresidente ejecutivo de CORFO, Hernán Cheyre. En una sesión de la Cámara de Diputados, el 7 de enero de 2014 afirmó: “Desde 1993 hasta 2012, nunca antes se había realizado una investigación al respecto”. Uno de los que escuchaba atentamente a Cheyre ese día en el hemiciclo, era el entonces diputado Roberto León (DC), vinculado a la investigación del financiamiento ilegal de la política por 63 boletas emitidas a SQM por su hijo ($157 millones en total). Los documentos  no tenían respaldo y fueron rectificados por la minera.

Era la segunda vez que se encendía la luz roja en CORFO en menos de un año. En octubre de 2012, abogados de la repartición repararon en otro “detalle”: Soquimich se había adueñado ilícitamente de 13 pertenencias mineras del Fisco, en el Salar de Atacama. Dos meses después tuvo que devolverlas. Sus ejecutivos argumentaron que habían inscrito las pertenencias del Estado a nombre de SQM solo para “protegerlas”.

En marzo de 2014, con Eduardo Bitrán ahora a la cabeza de CORFO, la entidad decidió ir por la vía judicial. En mayo presentó una demanda en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Nuevos antecedentes recopilados por la entidad indicaban que SQM había violado dos cláusulas sensibles de los contratos, las que por sí solas podían ser causal de término.

 

 

 

 

 

SEGUNDO ROUND

“CORFO ha optado por solicitar la terminación anticipada del contrato y la indemnización de los perjuicios causados”, se lee en la demanda que la entidad ingresó a la CCS el 14 de mayo.

Nuevas auditorías arrojaron que el perjuicio para el Estado por la subvaloración del royalty de arriendo, ascendía ahora a US$17 millones ($10.700 millones al valor de hoy). El monto de la deuda solo incluyó el periodo 2009-2013.

-Al término de cada período, SQM enviaba a CORFO una “hojita” informando del monto que debía pagar por la renta. No se fiscalizaba mucho –indicó en 2015 a CIPER un antiguo funcionario de la entidad al explicar cómo se aprobaban las remesas trimestrales que enviaba SQM.

Además de ese perjuicio monetario para el Fisco, personal de CORFO detectó en terreno que SQM no había cumplido con su obligación de mantener y conservar en pie los hitos –conos de concreto georreferenciados– que delimitaban los vértices de las 28.054 pertenencias entregadas en arriendo y que circunscribían el radio de su operación.

En función de esas violaciones de los acuerdos, la CORFO pidió en su primera demanda el término del Contrato de Arriendo. Y junto con ello, solicitó el pago de los dineros adeudados por renta (US$17 millones), de los gastos de reposición de los hitos de mensura  y una gruesa indemnización “por lucro cesante”.

No fue todo. También exigió una indemnización por “daño moral”, equivalente al 30% del monto de los daños materiales que determinara el juicio arbitral. La razón: el “descrédito y desprestigio” que le significó a una institución del Estado “el mal desarrollo y el incumplimiento contractual”.

TERCER ROUND

En agosto de 2016, CORFO volvió a golpear la mesa. A esa fecha, el organismo dependiente del Ministerio de Economía había logrado cerrar un acuerdo con Rockwood (hoy Albemarle), la otra empresa que opera yacimientos de litio estatales en el Salar de Atacama. Albemarle, competidor de SQM, logró aumentar su cuota de explotación de litio.

En junio de ese año, el sistema de control de daños volvió a activarse en SQM cuando Eduardo Bitrán concurrió a la Comisión Investigadora del Litio en la Cámara de Diputados. Al término de la sesión, le preguntaron si existía la posibilidad de que CORFO replicara con SQM el acuerdo alcanzado con Rockwood. Su respuesta fue tajante: “No estamos en ánimo de innovar nada, estamos siguiendo nuestro proceso que se inició con la solicitud de término anticipado del contrato de arriendo”. Y agregó que habían recopilado antecedentes aún más graves que ameritaban, ahora, requerir ante la Cámara de Comercio el término del Contrato de Proyecto.

Fuente: Ciper Chile – Roberto Arellano

Sobre radiovol

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*

x

Check Also

Simce: niñas superan histórica brecha en Matemáticas y niños evidencian rezago en lectura.

El Ministro de Educación, Gerardo Varela, junto al Secretario Ejecutivo de la ...

Watch Dragon ball super